Gobernadores tomaron la palabra de Pedro Castillo quien señaló que tiene interés en crear una dirección de economía para descentralizar el Ministerio de Economía y Finanzas. (MEF).
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Carlos Rúa informó que han cursado una invitación a Pedro Castillo, para una reunión con todos los gobernadores regionales, antes de que asuma el mando para que las sugerencias de las regiones sean incluidas en el mensaje del 28 de julio.
Cabe señalar que Pedro Castillo ha cuestionado la distribución del presupuesto e indicó que los recursos no llegan a las zonas más alejadas del país y en campaña planteó la posibilidad de crear una dirección regional de cada departamento.
En este sentido los gobiernos regionales ya plantean la descentralización fiscal y tributaria y un marco autónomo para licitaciones sin dependencia central del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado.
Esta propuesta es compleja porque implicaría un cambio en todo el sistema, es decir que las regiones ya no respondan a Lima, sino que cada región de forma independiente administre sus ingresos y proyectos, claro esto significaría que el presupuesto de cada región tendría que ver con el nivel de recaudación en cada una de ellas.
Para algunos economistas la descentralización del MEF ya existe y se inició el 2011 con un centro que se encarga de capacitar a los gobiernos regionales y locales en el uso del presupuesto que se les otorga cada año y solo se debe continuar con ese proceso.
Para otros, la pobreza y la falta de obras en las regiones no tiene que ver con la falta de presupuesto, sino con la mala gestión de sus autoridades regionales y municipales y las pruebas son contundentes. El nivel de ejecución presupuestal de las municipalidades y gobierno regionales y la cantidad de obras paralizadas por malos manejos y actos de corrupción
Recuerdan que en algunas regiones a mitad de año no han llegado ni al 15% de la ejecución de su presupuesto. Además solo en el 2020 los malos manejos y la corrupción generaron pérdidas de S/ 22,000 millones al Estado, especialmente del presupuesto de los gobiernos regionales y locales.